Por: Jessica M. Domínguez D.
Ciudad de Panamá, Panamá
9-7-2025

     Panamá atraviesa una crisis social y política que nos interpela no solo desde el análisis económico o jurídico, sino desde una mirada profundamente humana. La reciente reforma del Seguro Social, el cierre de operaciones de Chiquita Brands en Puerto Armuelles y Bocas del Toro, y la suspensión de garantías constitucionales en esta última provincia, no son hechos aislados: son señales de un país donde los más pobres, los trabajadores y los marginados siguen siendo los más golpeados por las decisiones del poder.

Desde la inspiración del pensamiento de San Antonio María Claret, quien defendió con firmeza la justicia social, la dignidad de los humildes y la opción preferencial por los pobres, nos corresponde preguntarnos: ¿Qué tipo de país estamos construyendo? ¿Estamos caminando hacia una sociedad más equitativa o solo perpetuamos un modelo donde los que menos tienen siguen pagando los costos de la crisis?

La reforma del Seguro Social: una carga que cae sobre los hombros de los trabajadores
La modificación a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social busca, según el gobierno, “salvar” el sistema de pensiones y atención médica. Pero detrás de los tecnicismos, surgen preguntas fundamentales: ¿Quién asume el peso de esta reforma?, ¿se ha considerado verdaderamente la voz de los asegurados más vulnerables?: los jubilados y retirados por vejez con pensiones mínimas, los trabajadores informales, las mujeres que trabajan sin contrato ni prestaciones.

La fe cristiana que motivó a Claret nos recuerda que las estructuras sociales deben estar al servicio del ser humano, no al revés. Una reforma sin rostro humano —sin compasión ni justicia redistributiva— puede convertirse en una herramienta de exclusión.

El cierre de Chiquita: una herida abierta en las comunidades bananeras
La salida de la compañía bananera Chiquita en Bocas del Toro y Puerto Armuelles, ha dejado miles de trabajadores sin empleo directo y a otros miles de empleados de empresas proveedoras de bienes y servicios, sin sustento, sin horizonte. Estas regiones, ya golpeadas históricamente por el abandono estatal, enfrentan ahora una nueva etapa de incertidumbre económica y social.

¿Dónde están las políticas públicas que acompañan a estas familias en momentos críticos?
¿Dónde están los planes de reactivación económica, la inversión social, el compromiso real del Estado con el desarrollo humano?

Claret decía: “Dios me ha dado un corazón para amar a todos, pero especialmente a los pobres”. No podemos quedarnos indiferentes frente al sufrimiento de pueblos enteros que ven desaparecer sus fuentes de sustento sin que se les escuche, sin que se les ofrezca alternativas reales.

La educación: víctima silenciosa de la crisis nacional
Otro de los rostros olvidados de esta crisis es el de la niñez y juventud panameña, especialmente los más pobres, quienes han visto interrumpido su derecho a la educación por la paralización indefinida de clases. La legítima protesta del gremio docente ante las injusticias sociales y económicas no puede ignorar el profundo daño que esto causa a un cercano millón de estudiantes, muchos de ellos sin acceso a herramientas tecnológicas o refuerzo académico en casa. Esta situación reproduce el círculo de desigualdad y limita el futuro de quienes más necesitan oportunidades. San Antonio María Claret veía en la educación una vía sagrada para transformar a la persona y la sociedad: negarla o postergarla por causas estructurales es fallarle a toda una generación. Urge abrir espacios de diálogo sincero y restaurar la continuidad educativa sin que los más pequeños paguen el precio de la crisis nacional.

La suspensión de garantías: un retroceso peligroso para la democracia
El Estado decretó la suspensión de derechos constitucionales en Bocas del Toro por motivos de “seguridad”. Esto incluye la limitación del derecho a reunirse, a circular libremente, a expresarse. No se puede negar que hubo actos violentos, pero responder con autoritarismo a una protesta social es desconocer las causas estructurales de ese descontento: la pobreza, la falta de oportunidades, la exclusión histórica.

Como cristianos y ciudadanos, no podemos aceptar que la respuesta del Estado ante el clamor social sea la represión. La paz verdadera no se impone con decretos: se construye con justicia.

La esperanza desde el Evangelio y el compromiso social
San Antonio María Claret vivió en una época convulsionada, y su respuesta fue clara: formar conciencia, educar al pueblo, defender los derechos de los más pobres, denunciar las injusticias. Hoy, su ejemplo nos convoca a no ser espectadores de esta crisis.
Urge:
 Un pacto nacional por la equidad, que ponga en el centro al ser humano, no al capital.
 Una CSS reformada, sí, pero con visión solidaria, que garantice salud y dignidad para todos, no solo balances financieros.
 Un modelo económico con rostro social, que reinvierta en los territorios marginados y priorice a los trabajadores.
 Un compromiso firme con los derechos humanos, donde las garantías constitucionales no se vean como obstáculos, sino como pilares de una sociedad libre y justa.

El futuro de Panamá se construye desde la justicia y la compasión. Panamá no necesita solo reformas estructurales. Necesita un cambio de mentalidad, una conversión social, una mirada que reconozca a cada persona como hijo de Dios, portador de dignidad, independientemente de su condición económica.